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Los argentinos pueden comprar el celular más moderno, con cámara fotográfica, reproductor de música, acceso a Internet y contador de calorías, pero no pueden irse a otra compañía sin perder su número telefónico. La portabilidad numérica, que habilita la posibilidad de cambiar de operadora telefónica sin perder el número de teléfono, fue dispuesta en el decreto 764 de 2000, que establecía la desregulación del sector, pero nunca fue reglamentada.
El artículo 30 de ese decreto define la portabilidad numérica como "un derecho del cliente o usuario", tanto para los servicios fijos como móviles. Sin embargo, pese a que la competencia disparó la cantidad de líneas móviles (se calcula que la penetración ya es del 100%, con 40 millones de líneas vendidas), la portabilidad nunca fue contemplada.
Para el analista Enrique Carrier, los más afectados por la falta de portabilidad son los usuarios más antiguos (cuanto más tiempo pasa, más valor tiene el número de teléfono por la cantidad de gente que lo conoce) y los profesionales o quienes prestan servicios, ya que necesitan ser ubicados todo el tiempo y pierden clientes si cambian el número. También juega en contra de las empresas, los organismos públicos o las entidades porque en ese caso, si quieren optar por un proveedor que les abarate los costos de telecomunicaciones, se enfrentan a gastos extras, como la reimpresión de papelería y avisos publicitarios. "En cambio, los adolescentes, por ejemplo, cambian de número porque quieren un equipo nuevo, y aprovechan para depurar sus agendas", comenta Carrier.
Para las operadoras tradicionales es un tema que directamente "no está en la agenda", según dijeron a LA NACION. Fuentes de Telefónica afirmaron que "la portabilidad numérica fue concebida como una herramienta de promoción de la competencia cuando prácticamente la única opción de comunicación para el cliente era la telefonía fija".
"Su aplicación en la práctica en países de la Unión Europea y otros demostró que un bajo porcentaje de clientes se acogió a la misma -dicen en Telefónica- y que su implementación efectiva demanda significativos costos y una compleja operación técnica."
Telecom también coincidió en que "el mercado móvil se ha desarrollado dentro de un esquema que permitió alcanzar un 100 por ciento de penetración en pocos años, con una alta calidad de prestaciones y una fuerte dinámica competitiva".
"Existen varias maneras de implementar la portabilidad, y es necesario evaluar múltiples aspectos antes de decidir ir adelante, más aún teniendo en cuenta que no todas las experiencias han resultado exitosas", señalaron en Telecom. En Claro no contestaron sobre el tema.
Susana Andrada, presidenta del Centro de Educación al Consumidor, va un paso más allá al decir que la falta de portabilidad numérica "forma parte de una estrategia comercial, que es seguir tratando a los usuarios como rehenes de los servicios públicos". Para Andrada, "la propiedad del número forma parte de los derechos de los usuarios".
"Los celulares deberían ser considerados servicio público -dijo Andrada-. En muchas zonas sólo hay celulares porque las telefónicas no hacen expansión de la red."
Los competidores
Extrañamente, la portabilidad tampoco ha sido muy fogoneada por los entrantes, que serían los principales interesados en fomentar reglas que favorezcan la competencia. "No hubo mucha presión quizá porque el mercado tuvo otros dinamizantes de la competencia", opinó Carrier.
Dos empresas entrantes desmintieron el desinterés. Tanto Impsat (que fue comprada el año pasado por Global Crossing) como Iplan son dos jugadores de peso en el mercado de telecomunicaciones, especialmente en la pelea por los clientes corporativos.
"Pataleamos sistemáticamente por la portabilidad", dijo Antonio Casuchi, vicepresidente del servicio de voz de Global Crossing. "A efectos de la competitividad, hubiera sido muy útil contar con la portabilidad numérica desde un principio", dijo. Y cita como ejemplo dos licitaciones en las que Global Crossing acaba de participar para proveer del servicio de telecomunicaciones a dos reparticiones públicas de alcance nacional. En ambos casos, hay una cláusula especial de la licitación en la que se establece que, de ganar, la nueva empresa proveedora del servicio deberá cargar con el costo de pagar avisos en los diarios comunicando el cambio de número.
En el mundo (ver recuadro), las soluciones implementadas fueron diversas y uno de los puntos aún en discusión es quién debería pagar el costo de la portabilidad. Mario Micelli, director de temas regulatorios de IPlan, reconoció que cuando la firma ingresó al mercado en 2000 pensó que la portabilidad podía ser un activo favorable. "Si hubiéramos tenido portabilidad quizá nos hubiera ido mejor, pero igual crecimos", dijo y consideró que "la regulación está y la tienen que implementar".
"El número hace al nombre de la empresa. El tema es quién paga la portabilidad; es algo que debe resolver la regulación", dijo Mecelli.
Por Josefina Giglio - Diario La Nación
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